Ley para el fortalecimiento de las fuerzas armadas causa polémica
El pasado 9 de agosto el Congreso de la República aprobó en primera lectura la iniciativa de ley 6076, que propone el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y del ejército de Guatemala.
Los diputados del partido político Unión del Cambio Nacional (UCN), Julio Francisco Lainfiesta, Carlos Napoleón Alarcón, José Arnulfo García, Maynor Estuardo Castillo, Byron Arreaga y Karla Martínez, presentaron esta iniciativa que dentro de sus artículos propone el uso de la fuerza policial para reprimir las manifestaciones.
Además, esta iniciativa plantea reformar la ley de la Policía Nacional Civil y el Código Procesal Penal para beneficio de las fuerzas de seguridad, cuando actúen o sean repercutidos en procesos legales por participar en estos hechos.
Diputados de oposición, Organizaciones Estudiantiles y Sociales se han opuesto a la aprobación de esta ley, ya que consideran que atenta directamente a la vida y los Derechos Humanos de los ciudadanos.
Ley controversial
El diputado Julio Lainfiesta, uno de los principales precursores de esta iniciativa, ha expresado que el proyecto de ley requiere enmiendas para que sea una ley con estándares internacionales y respetuosos de los DDHH, sin embargo dice que el uso moderado de la fuerza pública es necesario en las manifestaciones violentas y vandálicas.
La abogada Amanda Andrade, menciona que en el Estado de Derecho en el que se vive actualmente, se hace visible la necesidad que tienen tantos funcionarios públicos de la creación de un cuerpo legal como este.
Andrade puntualiza en que, esta ley tiene varias inconstitucionalidades, como la violación a la libertad de pensamiento que se expresa en el artículo 35, la protección a la persona teniendo como fine el bien común en su artículo 1, la violación a la libertad y seguridad de los habitantes en su artóculo2 y la violación a la libertad de acción donde la persona no pude ser perseguida ni molestada por sus opiniones, entre otras.
Oposición
El jueves 18 de agosto, autoridades de los 48 cantones de Totonicapán ingresaron al Congreso para expresar su rechazó en contra de la iniciativa 6076 y solicitaron a la presidenta del congreso, Shirley Rivera, que se archive dicha ley.
Manuel Gutiérrez Vicepresidente de la junta de los 48 cantones, dijo que esta ley atenta directamente contra la vida y el derecho a la libre manifestación constitucional.
Así mismo diputados de oposición como Aldo Dávila, Sonia Gutiérrez y Osmuando Ponce han expresado su preocupación ante la aprobación de esta iniciativa.
César Arévalo de León, representante de la bancada semilla, menciona que la iniciativa de ley es “manifiestamente inconstitucional, ya que está plagada de errores técnicos”.
Antecedentes
En 2022, varios manifestantes ingresaron y quemaron parte del edificio del Congreso de la República, en rechazo a la aprobación del presupuesto 2021, la corrupción que se vive en el país y exigiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei.
En esa ocasión la Policía Nacional Civil desalojo a las personas, utilizando bombas de gases lacrimógenas y agrediendo físicamente a varios manifestantes y periodistas que se encontraban documentando los hechos.
Recientemente, Agentes de la PNC han agredido a estudiantes de la Universidad de San Carlos que participan en manifestaciones en rechazo a la corrupción que vive el país y elección de Walter Mazariegos.
El 14 de mayo a las afueras del Parque de la Industria, en donde se realzaba la elección por la rectoría de la Usac, Agentes antidisturbios, lanzaron gas lacrimógeno a algunos universitarios que trataban de impedir la realización de dicho evento.
El 21 de julio la PNC reprimió a estudiantes que manifestaban a las afueras del hotel Tikal Futura, mientras en el lugar se realizaba elección del nuevo Magistrado titular de la Usac ante la Corte de Constitucionalidad. En ese percance se reportaron al menos 10 estudiantes heridos y un capturado.
En la última sesión plenaria, en donde se discutía la iniciativa 6076, no quedo definido el futuro de esta ley, ya que diputados de oposición buscan que sea retirada de discusión, mientras que el oficialismo quiere que se envíe a la Corte de Constitucionalidad para darle seguimiento.
